El 80% de Certificados Energéticos tramitados en España ha obtenido una clasificación igual o menor a D en la escala oficial de la A a la G. El pasado 1 de junio entró en vigor el nuevo decreto ley 235/2013, una regulación que obliga a establecer el Certificado Energético de todos los inmuebles a la venta o en alquiler exigida por la Unión Europea. Con este documento, se determinan los niveles de consumo energético y la emisión de CO2, dando idea de las necesidades de mejora en este sentido. Para ello, el sistema empleado incluye un rango que va de la A la G, siendo la primera la clasificación de mayor eficiencia y la última la de menor. Los resultados tienen por objetivo la promoción de reformas enfocadas a mejorar la eficiencia y, en consecuencia, al ahorro de energía aunque carecen de carácter vinculante. En la escala alfabética, el rango de la A a la C son los de menor consumo respecto a la media, llegando a un 55% menor en las calificaciones más altas. Las notas D y F corresponden al consumo medio, mientras E y F suponen consumos de hasta un 125%. También se incluyen en los electrodomésticos. Hasta el momento, se estima que más de 100.000 viviendas en España han obtenido ya el certificado energético obligatorio para inmuebles a la venta o en alquiler. De las estadísticas extraídas de estos certificados se extrae que este tipo de viviendas no están acondicionadas según parámetros de eficiencia energética. En el caso de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, del total de 34.500 trámites solicitados, sólo el 0,2% cuenta con una calificación energética A y el 0,8% con la calificación B. Les sigue la calificación C con un 4%, y la D con un 14,5%. Así, el 80,5% corresponde al resto de clasificaciones con un 48,3% la E, un 13% la F y el restante 19,2% G. Estos datos, a parte de intentar concienciar a los propietarios, van acompañadas en cada caso por recomendaciones y posibles intervenciones para mejorar el consumo energético y las emisiones de CO2 de cada vivienda. Según apunta el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el consumo para calentar y producir ACS Sanitaria (el agua caliente para el consumo humano) puede llegar al 67% en una vivienda, según informes publicitados por Panasonic. Es por ello que el sistema de calefacción y producción de agua caliente sanitaria es clave para conseguir que una vivienda alcance una mayor clasificación en eficiencia. En este sentido, uno de los sistemas que ofrece mayor respeto al medioambiente es la bomba de calor. Basada en la aerotermia, la bomba de calor altamente eficiente utiliza una fuente de energía renovable y gratuita, el aire, para calentar y enfriar el hogar y producir agua caliente sanitaria. Se trata de una tecnología limpia, segura, económica y respetuosa con el medio ambiente comparada con otras alternativas que usan combustibles fósiles como el gas y el gasoil, u otros sistemas basados en resistencias...
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En la denuncia presentada se indica que las empresas aludidas ofrecen, a través de las páginas web o mediante publicidad insertada en los medios de comunicación escritos, la formulación de los certificados de eficiencia energética de edificios “a distancia” y “de oído”, sin que el técnico visite presencialmente el inmueble Por ello, el COGITI ha remitido un escrito a las Consejerías de las Comunidades Autónomas con competencia en materia de Certificación Energética de Edificios, denunciando la mala praxis por parte de las citadas empresas, puesto que sus órganos son responsables del control independiente de estos certificados, y han de ejercer cuantas inspecciones sean necesarias al respecto El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI), que integra a 50 Colegios Profesionales y representa a más de 93.000 ingenieros colegiados, ha denunciado, ante las correspondientes Consejerías de las Comunidades Autónomas, a cuatro empresas por cometer infracciones sancionables en materia de certificación energética de edificios, de obligado cumplimiento desde el pasado 1 de junio para vender o alquilar inmuebles, en cumplimiento del Real Decreto 235/2013 de 5 de abril. En la denuncia presentada, se indica que las empresas aludidas ofrecen, a través de las páginas web o mediante publicidad insertada en los medios de comunicación escritos, la formulación de los certificados de eficiencia energética de edificios “a distancia” y “de oído”, sin que el técnico visite presencialmente el inmueble; de forma que infringen la exigencia impuesta por el artículo 5.5 del Procedimiento Básico aprobado por el Real Decreto 235/2013, que claramente exige que “durante el proceso de certificación, el técnico competente realizará las pruebas y comprobaciones necesarias, con la finalidad de establecer la conformidad de la información contenida en el certificado de eficiencia energética con el edificio o con la parte del mismo”. Según consta en la denuncia, ”lo que las correspondientes empresas o profesionales ofrecen es, pura y llanamente, que el cliente sea quien suministre a su libre antojo los datos o fotografías del edificio, o la parte del mismo que vaya a ser objeto de la certificación. Todo ello, por lo tanto, sin la más mínima garantía de la veracidad de los datos e imágenes aportados”. Escrito a las Consejerías con competencia en materia de Certificación Energética Por todo ello, el COGITI ha remitido un escrito a las Consejerías de las Comunidades Autónomas con competencia en materia de Certificación Energética de Edificios, denunciando 2 la mala praxis por parte de las citadas empresas, puesto que sus órganos son responsables del control independiente de estos certificados, y han de ejercer cuantas inspecciones sean necesarias al respecto. A ello hay que añadir que, como consecuencia de los perjuicios que esta mala práctica puede ocasionar a los compradores o arrendatarios de los inmuebles, y “al interés público general cifrado en el ahorro de energía”, a consecuencia de la emisión de certificados de eficiencia energética falsos, la Administración competente podría incurrir en responsabilidad indemnizatoria frente a esos terceros, con motivo del funcionamiento “anormal” del servicio público. “Se está incumpliendo de forma flagrante la...
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El Plan establecerá unos criterios de control de gasto energético en los edificios e instalaciones del Govern PALMA DE MALLORCA, 02 (EUROPA PRESS) El presidente del Govern, José Ramón Bauzá, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo balear presentará en breve el Plan de energías renovables y eficiencia energética que tiene como objetivo que las islas sean autosuficientes mediante las energías renovables. Así lo ha revelado durante el acto de entrega del certificado de Aenor ISO 50001 a la Catedral por su sistema de gestión energética. Durante su discurso, Bauzá, quien ha otorgado el certificado al obispo de Mallorca, Xavier Salinas, ha destacado la importancia de llevar a cabo una gestión eficiente y responsable. “La eficiencia energética permite ahorrar costes y es clave para su propia supervivencia y mejora”, ha indicado. En cuanto a ahorro energético, el Plan establecerá unos criterios de control de gasto energético en los edificios e instalaciones del Govern y mantendrá la implantación de la energía fotovoltaica para producir electricidad de autoconsumo en los edificios de las administraciones públicas. Según ha explicado el presidente autonómico, la pretensión del Govern es “llegar en el año 2020 al 20% de la producción energética con energías renovables, un 20% de autoconsumo, así como una reducción de emisiones del 20%”. 03/10/2013 Fuente:...
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Guerras de precios, falta de inspección, desconocimiento. El certificado de eficiencia energética se está implantando en España de forma desordenada y sin que los consumidores sepan realmente de qué se trata. En apenas tres meses, unas 168.000 construcciones han registrado estos certificados, 110.000 entre Madrid y Cataluña. La cifra se antoja baja en un país con 3,4 millones de viviendas vacías, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Este certificado es obligatorio desde junio para los propietarios que quieran vender o alquilar sus construcciones. Es un informe sobre el consumo de energía que debe evaluar un técnico superior, normalmente, un arquitecto o un ingeniero, y en el que se califica la eficiencia con letras que van de la A a la G, igual que se evalúa a los electrodomésticos. Las sanciones por incumplimientos de la normativa van de los 300 a los 600 euros. La cara de quienes quieren alquilar o vender una vivienda es un poema cuando alguien les habla del documento. “¿Certificado de qué?”, preguntan. En las inmobiliarias están más que habituados a escuchar sus quejas. Que si es un sacacuartos, otro invento del Gobierno para recaudar… Pero se trata de una imposición de la Unión Europea para intentar que las casas consuman cada vez menos electricidad y así reducir las emisiones de CO2. Llega con años de retraso y después de una amenaza de multa millonaria. Tres meses después de su implantación, el desorden llega de muchos frentes. Las comunidades autónomas, encargadas de crear los registros de estos certificados y de vigilar que las calificaciones sean correctas, llevan ritmos muy diferentes. Madrid y Cataluña han arrancado e incluso ya tramitan algunas sanciones. En Aragón, por ejemplo, todavía no se ha abierto el registro. Andalucía está teniendo problemas con la inscripción online. “Se está haciendo de forma presencial y están teniendo bastantes problemas”, indican los técnicos. Hay abierta una guerra de precios que van desde los 35 a los 200 euros. Los colegios de arquitectos e ingenieros advierten de que si no se empieza a denunciar los certificados que están mal hechos su sentido se desvirtuará. “No me gustaría que se quedara en un proceso burocrático más”, pide José Manuel Pinazo, catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia y uno de los profesionales con mayor prestigio en climatización de edificios. “El certificado no es solo una letra, también son los consejos que incluye el técnico para conseguir un ahorro energético”, reivindica. El certificado lo tiene que firmar un técnico superior que debería visitar la vivienda para evaluar la calidad de los cerramientos, el consumo de energía de los electrodomésticos o el grosor de las paredes. El problema es que muchos certificados, aún respaldados por un profesional habilitado, se están haciendo sin ese trabajo de campo, seleccionando las opciones que vienen por defecto en los programas informáticos. Se encuentran online, sin visita o con información telefónica. Algunos llegan a ofrecer la máxima calificación permitida: la A. “Es bastante complicado que en España se llegue a una A o...
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Los servicios provinciales de Consumo están comprobando si las viviendas que se venden o alquilan disponen del correspondiente certificado y de la etiqueta de eficiencia energética, en los supuestos en los que están obligados por la normativa estatal que, a su vez, desarrolla una directiva comunitaria en este ámbito. Con estas nuevas actuaciones, la Junta refuerza la campaña que viene realizando desde el pasado mes de marzo para comprobar los requisitos de información sobre alquiler y compraventa de viviendas, ya se encuentren en proyecto, en construcción o ya construidas, así como apartamentos turísticos, con especial incidencia en las ofertadas por las entidades financieras. La inclusión de estas inspecciones en el marco de la citada campaña obedece a la obligación que el reciente Real Decreto 235/2010, de 5 de abril, exige sobre la existencia de certificado y de la etiqueta de eficiencia energética para toda vivienda cuando su propietario o propietaria desee venderlo o alquilarlo. De este modo, la normativa establece que cuando se venda o alquile un edificio, antes de su construcción, deberá facilitarse el certificado de eficiencia energética del proyecto que se está ejecutando y, si las obras han finalizado, el certificado del edificio terminado. De otro certificado similar se debe disponer para los de edificios existentes. Todos ellos deberán registrarse en la delegación territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la respectiva provincia. El certificado es obligatorio para edificios de nueva construcción, los ya existentes que se vendan o alquilen y que no dispongan de uno en vigor, así como aquellos que tengan una superficie útil superior a 250 metros cuadrados, estén ocupados por una autoridad pública y sean frecuentados habitualmente por el público. El citado documento irá acompañado de una etiqueta que indicará el nivel de calificación energética obtenida, si se refiere al certificado de eficiencia del proyecto o del edificio ya construido, así como el número de inscripción en el correspondiente registro para que tenga plena validez. La etiqueta se incluirá en toda oferta, promoción y publicidad destinada a la venta o arrendamiento de la vivienda. Están excluidos expresamente de estas obligaciones los edificios y monumentos protegidos oficialmente por estar en un entorno declarado o por su particular valor arquitectónico e histórico; los destinados en exclusiva a lugares de culto y actividades religiosas; construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización de dos o menos años; edificios industriales, de defensa, agrícolas o destinados a talleres, procesos industriales, defensa o agrícolas no residenciales. Por último, los edificios aislados que se compren para reformar o demoler, las viviendas que tengan una superficie útil inferior a 50 metros cuadrados y aquellas con un uso inferior a cuatro meses al año o bien durante un tiempo limitado y con un consumo de energía inferior al 25% de la que se emplearía en un año. Al margen de ello, en la campaña de inspección sobre alquiler y compraventa de viviendas, además de comprobar aspectos generales como la existencia del libro de quejas y reclamaciones, los controles...
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