Los servicios provinciales de Consumo están comprobando si las viviendas que se venden o alquilan disponen del correspondiente certificado y de la etiqueta de eficiencia energética, en los supuestos en los que están obligados por la normativa estatal que, a su vez, desarrolla una directiva comunitaria en este ámbito. Con estas nuevas actuaciones, la Junta refuerza la campaña que viene realizando desde el pasado mes de marzo para comprobar los requisitos de información sobre alquiler y compraventa de viviendas, ya se encuentren en proyecto, en construcción o ya construidas, así como apartamentos turísticos, con especial incidencia en las ofertadas por las entidades financieras. La inclusión de estas inspecciones en el marco de la citada campaña obedece a la obligación que el reciente Real Decreto 235/2010, de 5 de abril, exige sobre la existencia de certificado y de la etiqueta de eficiencia energética para toda vivienda cuando su propietario o propietaria desee venderlo o alquilarlo. De este modo, la normativa establece que cuando se venda o alquile un edificio, antes de su construcción, deberá facilitarse el certificado de eficiencia energética del proyecto que se está ejecutando y, si las obras han finalizado, el certificado del edificio terminado. De otro certificado similar se debe disponer para los de edificios existentes. Todos ellos deberán registrarse en la delegación territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la respectiva provincia. El certificado es obligatorio para edificios de nueva construcción, los ya existentes que se vendan o alquilen y que no dispongan de uno en vigor, así como aquellos que tengan una superficie útil superior a 250 metros cuadrados, estén ocupados por una autoridad pública y sean frecuentados habitualmente por el público. El citado documento irá acompañado de una etiqueta que indicará el nivel de calificación energética obtenida, si se refiere al certificado de eficiencia del proyecto o del edificio ya construido, así como el número de inscripción en el correspondiente registro para que tenga plena validez. La etiqueta se incluirá en toda oferta, promoción y publicidad destinada a la venta o arrendamiento de la vivienda. Están excluidos expresamente de estas obligaciones los edificios y monumentos protegidos oficialmente por estar en un entorno declarado o por su particular valor arquitectónico e histórico; los destinados en exclusiva a lugares de culto y actividades religiosas; construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización de dos o menos años; edificios industriales, de defensa, agrícolas o destinados a talleres, procesos industriales, defensa o agrícolas no residenciales. Por último, los edificios aislados que se compren para reformar o demoler, las viviendas que tengan una superficie útil inferior a 50 metros cuadrados y aquellas con un uso inferior a cuatro meses al año o bien durante un tiempo limitado y con un consumo de energía inferior al 25% de la que se emplearía en un año. Al margen de ello, en la campaña de inspección sobre alquiler y compraventa de viviendas, además de comprobar aspectos generales como la existencia del libro de quejas y reclamaciones, los controles...
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Dos equipos distintos combinan labores de oficina y trabajo de campo ‘Ya existe algún expediente abierto por irregularidad manifiesta’ Las multas pueden ascender hasta los 6.000 euros La etiqueta energética de viviendas ya tiene su propia brigada de vigilancia en la Comunidad de Madrid. La dirección general madrileña de Industria, Energía y Minas ha puesto en marcha un servicio de inspectores que vela, desde los despachos y sobre el terreno, por que todas las casas que estén el mercado (en alquiler o en venta) dispongan de su correspondiente y correcta etiqueta energética, obligatoria por ley para vender o alquilar inmuebles desde el 1 de junio, que indique su consumo. La sanción por incumplir esta nueva normativa puede ascender hasta los 6.000 euros. El cometido de este nuevo órgano de control se desarrolla a través de dos equipos distintos. Uno de ellos lleva a cabo una labor de oficinas y el otro se encarga del trabajo de campo. Los funcionarios encargados de las labores de oficina realizan “una revisión de la documentación que se presenta y, en caso de encontrar defectos o deficiencias, solicitan efectúar requerimientos de subsanación”, según informan fuentes técnicas desde la Comunidad de Madrid a ELMUNDO.es. Por otro lado, el trabajo a pie de calle se desarrolla por un equipo formado por cinco inspectores adscritos a la dirección general de Industria, Energía y Minas que se encargan de recorrer las calles y visitar los edificios. Su trabajo consiste principalmente “en verificar que el técnico que firma los certificados tiene la competencia para hacerlo” y que “los datos consignados en el certificado, y que sirven para obtener la calificación de eficiencia energética, se corresponden con los reales de la vivienda, local o edificio”, apuntan las mismas fuentes. Esta campaña ‘servirá para tener una primera impresión sobre la veracidad de los certificados’ “Esta labor de inspección ha comenzado recientemente y vamos a ver cómo funciona para valorar la posibilidad de reforzarlo o no”, advierten desde la Comunidad de Madrid. Además, afirman que esta nueva campaña “servirá para tener una primera impresión sobre la veracidad de los certificados que se están realizando“, comentan los técnicos. Presentar un certificado falso, una calificación irregular o no incluir calificación energética en el anuncio de una vivienda son algunos de los motivos de sanción según la ‘Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana’. Esta normativa fija multas entre 300 y 6.000 euros dependiendo de la gravedad de la infracción. Desde la Comunidad de Madrid avisan de que “ya existe algún expediente abierto y en proceso de resolución por irregularidad manifiesta“. Procedimientos abiertos, principalmente, porque “el certificado no refleja la realidad del inmueble”. Por otro lado, advierten de que “cuando las deficiencias sean subsanables” sólo se pedirá su corrección. Asimismo, se reconoce que “es imposible controlar todo” y que “hay que dar cierto tiempo a que el certificado se extienda a la mayor parte de inmuebles”. Fuente: DanielJOllero...
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Los propietarios de otras 3.200 viviendas han solicitado ya el documento, sin el cual no se podrá vender ni alquilar un piso Casi un millar de edificios cuentan ya con un certificado energético en Cantabria, un documento obligatorio desde el pasado 1 de junio para poder alquilar o vender una vivienda, que tendrá diez años de validez. La Dirección General de Innovación e Industria ha concedido 987 certificados, pero existen otras 3.200 peticiones que se encuentran en tramitación. La certificación de eficiencia energética nació de una directiva comunitaria para determinar la mayor o menor cantidad de energía que un inmueble va a demandar para satisfacer unas necesidades concretas de confort. Desde el 1 de junio este título es ineludible para los propietarios que quieran vender o alquilar viviendas. De lo contrario podrán ser multados con sanciones que van desde los 300 las más leves, hasta los 6.000 euros para las muy graves. El certificado especifica mediante una escala de siete letras, de la A (la más alta) a la G (la más baja), el nivel de emisiones de CO2 en comparación con las dimensiones del edificio. De este modo, se pretende que el comprador o inquilino pueda valorar y comparar la eficiencia energética como un factor añadido para la toma de decisiones de compra o alquiler. ¿Cómo se calcula? La eficiencia energética se calcula midiendo la energía consumida todos los años en condiciones normales de uso y ocupación. Para ello se tienen en cuenta todos los servicios utilizados de manera individual, como la calefacción, la refrigeración, la ventilación, la producción de agua caliente sanitaria y la iluminación, a fin de mantener las condiciones de confort térmico y lumínico y sus necesidades de agua caliente sanitaria y calidad de aire interior. La peor nota (la G) es para aquellos inmuebles que superen los 70,9 kg de CO2/m2 anuales. La obtención del certificado corresponde al dueño del inmueble, que es quien tiene que contratar al profesional que realice la calificación, que puede ser un ingeniero, un arquitecto, un ingeniero técnico o un aparejador. Aunque no hay tarifas fijas, el coste medio es de 250 euros. Para que el documento tenga plena validez el dueño del inmueble deberá registrarlo en la Consejería de Industria, un trámite que no tiene coste alguno ya que Cantabria es de las pocas comunidades autónomas que no cobra tasa por la tramitación e inscripción del certificado en el registro. Para facilitar la tramitación, las Consejerías de Industria y Presidencia y Justicia están estudiando la puesta en funcionamiento a lo largo del mes de septiembre de un procedimiento telemático que permita al propietario realizar la solicitud sin necesidad de acudir a las oficinas de la administración, así como el volcado automático de los datos a las bases de datos para la agilización de los trámites. Plan de inspección Innovación e Industria pondrá en marcha también en esas mismas fechas un plan de inspección para verificar la correcta redacción del certificado por parte del técnico. El objetivo es, según...
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Más de 100.000 inmuebles han obtenido ya la etiqueta de eficiencia energética, desde que la normativa de certificación entrara en vigor el pasado 1 de junio, según certicalia.com. Una distinción que, según recuerda la empresa de certificación energética, debe figurar por ley en cualquier anuncio de viviendas y locales en venta o alquiler. “Son las grandes capitales y las localidades de costa las que más inmuebles han certificado desde la entrada en vigor de la normativa”, han indicado desde la compañía. Las comunidades con mayor número de etiquetas registrados este verano han sido Cataluña, con casi 50.000 inmuebles registrados, y Madrid, con más de 34.500. Además, cabe destacar los 4.000 certificados registrados en las Islas Baleares, los 4.500 de Asturias, los 2.500 de Navarra, los cerca de 1.500 tanto en Galicia como en Castilla la Mancha, los 1.200 de La Rioja o los 800 de Extremadura. En todo caso, desde la compañía han subrayado que “es muy posible que el número de inmuebles certificados sea mayor al que recogen los registros”. El motivo, han agregado, es que “muchos propietarios no han registrado aún sus certificados por razones que van, desde el desconocimiento de la obligación, a la dificultad de algunos procesos de registro o “la inexistencia” aún de los mismos. La etiqueta es el resumen del certificado de eficiencia energética que realiza un técnico certificador tras visitar el inmueble. Una vez expedido, este informe debe incorporarse al registro del órgano competente de cada comunidad autónoma. 22/08/2013 Fuente...
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El Colegio de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife dice que se emiten certificados sin realizar las visitas obligatorias. El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Santa Cruz de Tenerife (Coiitf) denunció ayer en un comunicado que “se están expidiendo certificados de eficiencia energética sin que el técnico visite el inmueble y realice las mediciones que exige la norma”. En concreto, los profesionales deben medir el consumo de energía, emisiones de CO2, calidad del aire, condiciones de control térmico y lumínico, gasto de calefacción, estudio de sombras, y envolvente térmica para poder emitir este certificado obligatorio desde el pasado 1 de junio para la venta o alquiler de inmuebles. El decano del Colegio, Juan Linares Feria, alerta en la nota de prensa de que “se está produciendo una devaluación del certificado energético. Se emiten certificaciones con unos precios por servicio que no garantizan la precisión necesaria, ni la medición presencial de quien la realiza. Esta práctica perjudica al propietario, ya que obtendrá una etiqueta energética que no se corresponde con la eficiencia real de su inmueble”. Otras malas prácticas que denuncia el Colegio es que “se garantiza de antemano al propietario o arrendador una certificación energética determinada”. En ese sentido, el decano del Coiitf asegura que “es imprescindible el control y cumplimiento de este real decreto porque de lo contrario el certificado energético se convertirá en una tasa innecesaria e inútil”. Desde la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias confirmaron a este periódico que hasta ayer solo cerca de 13.000 inmuebles en el Archipiélago cuentan con su certificado de eficiencia energética. Respecto a la denuncia realizada por el Colegio de Ingenieros, las mismas fuentes de la Consejería aseguraron que no cuentan con datos de este tipo de irregularidades, aunque anunciaron que comenzarán de forma inmediata a realizar las inspecciones correspondientes para comprobar que todos los inmuebles puestos en venta o alquiler cuenten con su “etiqueta” y que esta se haya emitido tal y como establece el Real Decreto 235/2013. Además, recordaron el incumplimiento de la norma establece sanciones leves y graves para los técnicos que expidan la certificación y los propietarios y arrendadores de inmuebles, que oscilan entre los 300 y 6.000 euros. La Consejería de Industria del Gobierno de Canarias confirmó ayer que hasta ahora solo cuentan el certificado de eficiencia energética cerca de 13.000 inmuebles en el Archipiélago. 15/08/2013 Fuente:...
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El director general de Innovación, Industria y Comercio, Julio Herreros, ha destacado que en los dos primeros meses de funcionamiento del nuevo Registro de Certificaciones Energéticas se han registrado más de 1.200 viviendas Herreros ha recordado que el pasado 1 de junio entró en vigor el nuevo Real Decreto 235/2013, por el que se aprobaba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, cuyo objetivo es promover los edificios de alta eficiencia energética y el ahorro de energía. Uno de los requisitos que establece el Real Decreto es que las Comunidades Autónomas establezcan un registro para inscribir los certificados de eficiencia energética que se vayan realizando. En este sentido, Herreros ha destacado que La Rioja ha sido una de las primeras regiones en ponerlo en funcionamiento. En estos primeros meses de funcionamiento se ha registrado el certificado de eficiencia energética de más de 1.200 viviendas. De estas, el 86 por ciento son viviendas individuales, el 4,4 por ciento edificios completos de viviendas y 56 viviendas unifamiliares. Además, se han registrado 64 locales. RECOMENDACIONES Julio Herreros ha explicado que el certificado de eficiencia energética comprende la calificación de eficiencia energética del inmueble mediante la etiqueta energética, que clasifica los edificios desde la A (favorable) a la G (desfavorable), y las recomendaciones para mejorar esa cualificación. De este modo, se encuentran en el tramo C y D, aquellos edificios que cumplen estrictamente los requisitos energéticos exigidos por el Código Técnico vigente de 2006 y que corresponden con edificios de reciente construcción. En este tramo habría registrados un total de 224 edificios, lo que representa el 18 por ciento del total. En las escalas A y B estarían aquellos edificios de alta calificación energética que superan con creces las exigencias energéticas del CTE incluyendo instalaciones técnicas muy eficientes y un gran aislamiento en la envolvente térmica, suponiendo apenas un 1 por ciento del total de los edificios registrados. Por su parte, en las escala E se encontrarían la mayoría de los edificios registrados y construidos con anterioridad a la aplicación del código técnico vigente suponiendo un total de 781 edificios y un 65 por ciento respecto del global. Por último quedaría la franja de los edificios de baja calificación energética en las letras F y G con 196 edificios inscritos y suponiendo el 16,33 por ciento restante. 08/08/2013 Fuente EUROPA PRESS –...
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